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H@R! : Heritage at Risk / Patrimonio en Peligro |
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El instrumento legal que en este momento rige toda actuación sobre el patrimonio en nuestro país tiene muchos vacíos y fallas, aunque sustituyó a la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación (1945) con el interés de mejorarla. Se trata de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, promulgada en 1993, cuyo proyecto de Reforma está en espera para su análisis y aprobación ante el Poder Legislativo. El Comité Nacional de ICOMOS participó activamente en la formulación de este proyecto, en el cual se introduce la terminología propia del campo de la conservación / restauración y se hace énfasis en el carácter científico de las intervenciones sobre los bienes culturales.
Con la Ley del año 1993, la protección del patrimonio había presentado una regresión al eliminarse la figura de las Juntas de Protección Estadales que, aunque con una actuación desigual dieron buenos frutos por la vigilancia directa de los pobladores de las diferentes zonas. Actualmente se trata de subsanar esto a través de la creación de los Consejos Regionales de Cultura y Patrimonio, integrados por miembros de los entes gubernamentales estadales y locales y de las Universidades, con participación de la sociedad civil. El éxito de esta figura en el ámbito de la conservación dependerá de la Reforma de la Ley de la Cultura, de la Reforma de la Ley del Patrimonio y de la interrelación entre el Instituto del Patrimonio Cultural y las comunidades, los sectores políticos y religiosos.
Dentro del proceso de cambios que la estructura del Estado viene experimentando desde hace un año, es preciso reforzar al sector, ya que su máxima autoridad, el Instituto del Patrimonio Cultural, depende del Vice-Ministerio de Cultura adscrito al nuevo Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Por otra parte, para la protección de los bienes religiosos, que constituyen un alto porcentaje de nuestro patrimonio, mueble e inmueble, la Iglesia Católica se ha venido organizando de acuerdo a directrices emanadas de El Vaticano y de la Conferencia Episcopal Venezolana, y se ocupa cada vez más de las tareas que antes desempeñaba el Estado, entrando en ocasiones en conflicto con éste último.
Desde hace una década, con el proceso de descentralización se han producido algunos avances y también algunas situaciones de peligro, pues por lo general las autoridades no conocen los valores que tiene este patrimonio, y por otra parte, existen profesionales, especialistas o no, que actúan al margen de la ética, a lo cual se añade el desconocimiento total en la materia de las empresas que se contratan para los trabajos. En contraste, en los últimos años se han visto algunos esfuerzos de la sociedad civil y de empresas mixtas y privadas por volver a las raíces en la búsqueda de nuestra identidad. En ese sentido los medios de comunicación han colaborado presentando múltiples artículos y en algunos casos, denuncias y seguimiento a las intervenciones sobre nuestro patrimonio, pero no han tenido todavía un efecto significativo sobre la conservación de los bienes culturales.
Es de hacer notar que Venezuela tiene inscrito un sitio en la Lista del Patrimonio Cultural Mundial, constituido por la ciudad de Coro y su puerto La Vela, pero observamos que el Estado a ninguno de sus niveles tiene una conciencia clara del significado y la responsabilidad que implica esta referencia internacional. Igual sucede a otra escala con los centros históricos, poblaciones y sitios urbanos, que han estado amenazados durante años por falta de una política coherente. Hasta la fecha no ha existido una estructura administrativa, a escala nacional, que los reconozca y dicte lineamientos generales de actuación. La Junta Nacional Protectora y Conservadora vigente hasta 1993 emanaba los decretos de protección y el Ministerio del Desarrollo Urbano, se encargaba parcialmente de su planificación. Éste fue sustituido luego por el Ministerio de Infraestructura con algunas variantes en sus funciones. Localmente se han creado instancias que se encargan de su control y desarrollo, pero casi siempre carentes de un equipo interdisciplinario suficientemente preparado y consciente de su papel.
Ciudades históricas que tuvieron un importante papel en la época de la conquista, colonia y republica, como Cumaná, El Tocuyo, Barquisimeto, La Asunción, Maracaibo, Ciudad Bolívar, Carora, Mérida, Barcelona, entre otras que se distribuyen en el territorio nacional, no están siendo atendidas debidamente aunque están protegidas por decretos que las declaran Centros Históricos, pero que no conducen necesariamente al establecimiento de reglas claras para la actuación en ellos. Las ordenanzas, cuando existen, son elaboradas por personal no especializado, en la mayoría de los casos, y con una visión parcial de los problemas urbanos y de protección del patrimonio.
Un caso notorio de patrimonio en riesgo en la actualidad es el de las zonas afectadas por la tragedia de los deslaves en el norte del país, estado Vargas, especialmente el Centro Histórico de La Guaira y la zona tradicional de Macuto, destruidos parcialmente y con inmuebles que corren peligro de desaparecer. Otra situación que ha llamado la atención, especialmente en Caracas, es la demolición de importantes edificaciones del Periodo Moderno, hasta el caso de la destrucción de urbanizaciones ejemplares. Las necesidades del "progreso" y de la adaptación de nuevos usos e infraestructura han impuesto la lógica rentista considerando inútiles a inmuebles de valor que han marcado un hito en la historia de la ciudad.
Recientemente se encendió la polémica por el patrimonio subacuático, ya que restos de numerosos naufragios que se encuentran en nuestra plataforma continental estaban siendo explorados y explotados por privados para su beneficio, con la anuencia de la Contraloría General de la República. Sesenta por ciento de lo obtenido iría a la empresa exploradora y el cuarenta al Estado venezolano. El Instituto del Patrimonio Cultural, en breve iniciará un inventario de estos sitios para intentar regular su estudio y aprovechamiento.
Otro peligro para el patrimonio cultural lo constituyen las "zonas libres" decretadas en el país, pues, con grandes inversiones para el desarrollo del turismo, de la industria y del comercio desnaturalizan las características y los valores propios de los sitios. Un ejemplo patente es la isla de Margarita, que desde 1969 ha venido sufriendo este proceso con amplias pérdidas para el patrimonio inmueble y las formas de vida tradicionales. Preocupa también el futuro de interesantes casas de hacienda y otros bienes de gran interés, que encontrándose en estado de abandono en la Península de Paraguaná, deben ser protegidos para los tiempos que se avecinan por la promulgación de la Zona Libre en 1998. Caso inverso es el de la ciudad de Mérida donde se ha declarado recientemente la Zona Libre de interés Ambiental, Científico y Tecnológico, con características que permiten un aprovechamiento más racional de todo tipo de recursos.
Otros ejemplos no menos relevantes de nuestro acervo se encuentran en situación de riesgo, entre ellos podemos enumerar: las culturas indígenas con todo lo que representa su patrimonio intangible; los sistemas de fortificaciones ubicados a lo largo de la Costa y en el río Orinoco, casi abandonados a su suerte; las construcciones palafíticas al Occidente del país, en riesgo de desaparición por problemas sanitarios; el patrimonio industrial diseminado por el país donde destacan las haciendas de café, cacao, caña de azúcar y añil; la primera ciudad insular, Nueva Cádiz de Cubagua, fundada para la explotación perlífera; los cementerios, entre los cuales se encuentra el Cementerio Judío de Coro, el más antiguo de su tipo en Latinoamérica; los campos petroleros, enclaves urbanos para las comunidades que trabajaron en las exploraciones a través de las concesiones a empresas multinacionales, que al cambiar las condiciones de producción están siendo alteradas negativamente en su arquitectura y urbanismo. Todos sin una debida promoción, y lo que es peor con una limitada protección que muchas veces se queda en el papel (leyes, reglamentos, decretos) pero que no tiene resultados concretos en la práctica, con los beneficios que ello representaría para nuestra identidad y para el desarrollo sustentable de nuestra sociedad.
Caso de estudio Nº 1: La ciudad de Coro y su puerto La Vela - Patrimonio Mundial
Los factores de diferente naturaleza, que amenazan a este sitio del patrimonio mundial, se imbrican para conformar una situación bastante compleja. Ya hicimos notar que no hay un ente administrativo que tenga claridad sobre la importancia de su manejo. Además, las instituciones gubernamentales locales no ven el problema de la conservación del patrimonio inserto dentro del desarrollo sustentable de la ciudad. Esto ha traído como consecuencia que se ha verificado una acción parcial sin una planificación coherente, y sin involucrar a todos los actores que deberían estar presentes en una solución integral, científicamente programada, con continuidad y proyección.
Por problemas de una marcada diferenciación social, algunos sectores no reconocen el patrimonio edificado como propio, por lo cual no se ven inclinados hacia su conservación. Lo mismo sucede con los residentes producto de la inmigración, que se dedican al comercio y con este fin alteran ejemplos de arquitectura de cierta significación. Además, la migración de los estratos de mayor poder adquisitivo hacia zonas con mayores perspectivas económicas promueve el abandono y la destrucción paulatina de las casas con mayor valor patrimonial y de mayor potencial para la revitalización del centro histórico.
Por otra parte, las amenazas por agentes naturales que se ciernen sobre su arquitectura de tierra, se inician con la humedad, a la que contribuye la ausencia de un sistema de drenaje urbano eficiente. Esto favorece el desarrollo de colonias de termitas y el movimiento de las arcillas expansivas de los suelos, que producen más deterioro. La inclusión de la Iglesia de San Francisco en la lista de "100 most endangered sites" del "World Monument Watch", en sus ediciones de 1998-99 y 2000-2001 demuestra la gravedad de la situación. La Arquidiócesis de Coro, quien financia parcialmente el proyecto de restauración de este templo, no cuenta con adecuados recursos para la ejecución de las obras.
Caso de estudio Nº 2: La ciudad de La Guaira y el sistema fortificado del Ávila
Las consecuencias del deslave de diciembre pasado en el centro histórico La Guaira, incluido en la Lista Tentativa del Patrimonio Mundial, se enmarcan en un problema de gran magnitud que ha afectado a todos los sectores sociales y económicos de la zona, y que requiere de estrategias de diferente alcance, a mediano y largo plazo. La situación de la destrucción parcial del patrimonio inmueble de la ciudad viene a complicar una situación de pobreza y conflictividad social ya existente, por falta de fuentes de trabajo, que se reflejaba previamente en las pérdidas y alteraciones en este resaltante patrimonio y en la dificultad para su conservación y revitalización. Y por supuesto en la calidad de vida de sus habitantes.
Tanto los medios de comunicación como las comunidades han ejercido presión en el gobierno central y en las autoridades regionales y locales, los cuales han elaborado macroproyectos y planes específicos, que esperamos se reflejen próximamente en acciones concretas y coordinadas, a través de la recientemente creada Corporación de Desarrollo para el Estado Vargas. Sin embargo sabemos que es una tarea compleja y lenta. Los mayores peligros actuales que observamos son: que el tiempo y los elementos naturales aceleren el deterioro, tornándose en irreversible en los casos que hoy son recuperables, y por otra parte, que los pobladores, para dar respuesta a sus necesidades vitales emprendan reconstrucciones y remodelaciones sin el debido asesoramiento, causando así más daños que beneficios.
En este caso, el ICOMOS nacional se ha hecho presente estableciendo los contactos y las relaciones entre los actores directos y los organismos internacionales que puedan brindar ayuda, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, quien envió una comisión técnica a evaluar la posibilidad de otorgar un crédito para intervenciones en el patrimonio que sufrió daños por el desastre natural.
ICOMOS Venezuela